La chispa saltaba esta semana en el Congreso de los Diputados. El País Valencià, a través de Joan Baldoví, diputado de Compromís, era ninguneado por la ministra de hacienda Maria J. Montero, que calificaba de enredo e invento la reivindicación del diputado valencianista. La explosión en las redes sociales y el respaldo unánime de su partido ponían en cuestión la continuidad del apoyo de Baldoví al gobierno de Sánchez e Iglesias y algo que puede ser más transcendente a medio plazo, la continuidad del segundo gobierno del Botànic en la Generalitat Valenciana que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra.
En medio de la pandemia del COVID19 y de sus efectos sociales y económicos, así como con la reorganización fascista/populista de las élites residentes en el barrio de Salamanca de Madrid, y extendiéndose por toda la geografía, el caso no dejaría de ser un tema secundario, una vez más, si no fuera porque para cinco millones de valencianos y valencianas, nos va en ello la calidad de vida y a veces literalmente la vida misma. Como no creo en la maldad intrínseca de las personas, considero que la respuesta de la ministra y los aplausos de Pablo Iglesias, entre otros, se deben a una visión centralista hecha costumbre que en Madrid se vive con toda normalidad y pasa desapercibida, pero que a 350 km de distancia la vivimos como una muestra más de la ignorancia hacia nuestros problemas y de una obcecación interesadamente antivalenciana. En todo caso y sea por las razones que fueran, creo que las personas que además de padecer sus efectos conocemos con más detalle las causas del problema, tenemos la obligación de explicar algunas cosas.
Sin entrar sobre si hay o no un trasfondo político que lo pudiera motivar, el pueblo valenciano llevamos muchos años padeciendo en silencio un problema de déficit de inversiones públicas, de déficit de financiación de nuestras administraciones, de una deuda impuesta, y por ello ilegítima, y de un trasvase de rentas por dos vías que nos han convertido en un pueblo mucho más empobrecido que la media del estado, cuando hasta los años 80 nos situábamos por encima de esa media.
En el año 2015 se presentó el estudio académico Capital público en España. Evolución y distribución territorial (1900-2012) de la Fundación BBVA y el Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). En él se demuestra que entre los años 1900 y el 2012, la inversión pública en stock de capital del estado en el País Valencià ha sido un 19% inferior a la media española. No es difícil inferir del citado estudio que desde 2012 hasta la fecha la situación no ha mejorado en este aspecto. Y como muestra, un botón: el PIB per capita valenciano del año 2018 ha sido un 14,56% inferior a la media española.
A pesar de esta falta de inversión permanente y sostenida en el tiempo, los valencianos y valencianas hemos sido capaces de generar más riqueza que la media estatal durante muchos años. Una tierra fecunda y una cultura histórica del trabajo, una extensa red de talleres artesanos y de pequeñas y medianas industrias, un pequeño núcleo de grandes industrias y una cierta capacidad de exportar, además de una red de cajas de ahorro y cooperativas de crédito… y sobre todo, un pueblo muy trabajador, son los fenómenos que explican el aparente milagro.
A principios de los años 80 del siglo XX se generalizó el estado de las autonomías. El modelo empleado para los cálculos de las aportaciones del estado para los servicios transferidos fue el PIB de cada autonomía, que establecía que las comunidades ricas recibían menos y las más pobres más. El PIB per capita del País Valencià en 1980 se situaba unas décimas por encima de la media estatal y con este arbitrario índice se nos catalogó como autonomía rica que debía aportar al resto. Los cambios producidos en esa época a raíz de los compromisos adquiridos para entrar en la Unión Europea, la reconversión/reducción industrial, el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo y del sector naval con el cierre de los principales astilleros y la fábrica de motores de barcos, así como la reducción y deslocalización de otros sectores tradicionales como el calzado, el textil o el juguete, junto al crecimiento paralelo de los sectores de menor valor añadido como todos los relacionados con el turismo y la construcción, redujeron nuestra capacidad para seguir creciendo a pesar de las escasas inversiones, y pasamos a ser una comunidad pobre. Este hecho nunca se ha reconocido en la práctica, de manera que continuamos pagando como comunidad rica cuando desde hace más de 30 años reunimos las condiciones para ser tratados como comunidad pobre.
Además del déficit en inversión histórica y en financiación autonómica, padecemos otras dos formas de empobrecimiento público. Como hemos explicado, nuestro gobierno autonómico recibe una financiación acorde a una riqueza que no tenemos y ajustada además a una población de 4 millones de habitantes aun cuando en realidad somos 5 millones los valencianos y valencianas, y a pesar de que tenemos una balanza fiscal negativa, que es la diferencia entre el gasto efectuado, en forma de gasto público o transferencias, por el sector público estatal en un territorio y el volumen de ingresos fiscales que se generan en ese mismo territorio. Esta balanza fiscal negativa nos genera un déficit fiscal en torno a 2.000 millones de euros al año, que representa alrededor del 2% del PIB valenciano según datos del propio Ministerio de Hacienda, que realiza el cálculo con el sistema basado en un enfoque carga-beneficio. Si el cálculo se realiza con un cálculo directo basado en el flujo monetario, el déficit fiscal supera el 6% y los 6.000 millones de euros al año.
Por otra parte la falta de financiación unida a la necesidad de cubrir los gastos de los servicios transferidos, ha obligado a los diferentes gobiernos valencianos a recurrir a los préstamos, en su mayor parte vía el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que hay que amortizar con sus intereses correspondientes. La deuda contraída ha crecido hasta los cerca de 48.000 millones de euros, cifra imposible de devolver pero que obliga a destinar más del 25% de todos nuestros recursos anuales para hacer frente a su amortización.
El problema financiero y las consecuencias sociales de esta situación son ciertamente dantescas. La responsabilidad recae en los beneficiarios directos en la cúpula estatal y en sus cómplices necesarios, pero también en los diversos gobiernos valencianos, demasiado débiles y sumisos ante el poder. También hemos tenido gobiernos que sumaban a esta sumisión su dedicación al robo directo y al derroche de dinero público para beneficio privado. Es el caso del PP, que durante los 20 años que estuvo gobernando la Generalitat Valenciana y los principales ayuntamientos del país se calcula en unos 4.000 millones lo que robó directamente y en 6.000 millones lo que derrochó de las arcas públicas.
Y así llegamos a la gota que ha colmado el vaso, como ha expresado el diputado Joan Baldoví recogiendo el sentir de buena parte de la población valenciana. De los 16.000 millones de euros que el estado destina para “ayudar” a las autonomías para hacer frente a los gastos de la pandemia, tampoco nos llegará la parte proporcional a la población que somos. La razón o excusa es que estamos mejor que otras autonomías. Pero después, a la hora de pasar de fase de confinamiento, resulta que no nos dejan porque según los mismos responsables estamos peor que otras. ¿Alguien puede entenderlo? La última gota, sí, ha llenado el vaso, y este ya está a punto de derramar su contenido.
[Aquest article es publicà originalment a Diario16]